Ayuntamientos: ahorrar en democracia

Varias decenas de cargos electos de Izquierda Unida pasaron la noche encerrados, hace un par de días, en la Diputación de Huelva, para visibilizar su rechazo a la reforma de las Administraciones Locales que empieza a debatirse en Madrid. La protesta tuvo su réplica en otras ciudades andaluzas y se ha visto multiplicada por un coro de críticas que han entonado alcaldes y concejales de toda España. Se habla ya de que este proyecto de Ley logrará también el compromiso unánime de las fuerzas políticas de ser derogado en el momento que cambie la correlación de fuerzas parlamentarias, como también se hará, aseguran, con la Ley Wert y la Reforma Laboral.

Si la repulsa es tan generalizada, ¿por qué se empeña el PP en sacarla adelante? Por sentido común y por ahorro, nos dicen, y han incluido en el interminable nombre del Proyecto de Ley las palabras “racionalización y sostenibilidad”. ¿Acaso no llevan razón? Según algunas fuentes hay en España más de veintiún mil entes públicos, desde los Ministerios a los Ayuntamientos, pasando por Parlamentos Autonómicos, Diputaciones, etc. Desde luego que son muchos, y sobre todo, me temo, mal avenidos. Y claro que los ciudadanos percibimos la falta de coordinación, el derroche de recursos y la opacidad de las administraciones públicas. Parece sensato tratar de poner algo de cordura en toda esta maraña. Pero, ¿de verdad hay que empezar por los ayuntamientos? Y sobre todo, ¿de verdad vamos a ahorrar eliminando los ayuntamientos pequeños o restándoles competencias a otros?

Lo que las cifras cantan es que el endeudamiento de las entidades locales se concentra en ayuntamientos grandes, como Madrid y Barcelona, y que el déficit acumulado de los pequeños no alcanza el 4%. ¿Dónde está el ahorro, entonces? Pues se lo pueden imaginar: en personal que se despedirá, en servicios que no se prestarán o en otros que se privatizarán necesariamente. Y también: el ahorro más interesado está en democracia, porque se refuerza el poder de los organismos centrales y se debilita la participación directa de los ciudadanos. Lo que se elimina no es el derroche, no nos engañemos, sino el consenso democrático. Desde aquella reforma-exprés de la Constitución sobre el techo de déficit, en 2011, se han ido triturando los principios del ordenamiento institucional legítimamente establecido. Cuando nos demos cuenta de la Constitución sólo quedará en pie el Título II. Y ya para qué.

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Mª Angeles Pastor Alonso

Columnista de "La otra orilla", colaboradora en "Señales de Humo" y pieza en construcción de varios puzzles. Para completar da clases de Lengua.

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