Críticas a las medidas coercitivas contra personas sin Techo.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Madrid solicitó medidas coercitivas para que los policías y los servicios sociales puedan retirar personas sin hogar y prostitutas de la calle sin tener que esperar a la orden judicial correspondiente.
La propuesta fue del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, después de que sucedieran varios actos de violencia, entre ellos un asesinato.
Calvo expresó que estas medidas son necesarias porque, actualmente y según la ley, la policía no puede obligar a una personas sin hogar a irse de la calle y esto produce ?frustración? en el cuerpo policial.
Mientras, en Barcelona y desde principios de este año, una ordenanza prohíbe las formas de mendicidad que obstaculicen el tránsito, dormir en la calle, realizar malabares u ofrecer cualquier servicio no requerido. Quienes infrinjan la ordenanza, pueden ser amonestados con multas que oscilan entre 120 y 1.500 euros.
El objetivo de esta norma es “salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a transitar por la ciudad sin ser molestados”, pero diversas organizaciones sociales consideraron que atentaba contra derechos básicos.
“Quieren esconder la pobreza porque les parece fea. Dicen que los mendigos obstaculizan el tránsito, pero también lo hacen tantas terrazas de bares, el ocio y el turismo, y contra eso no hace nada el Ayuntamiento. La privatización del espacio público en ese sentido es un problema”, critica Eva Fernández, presidenta de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona).
De igual manera, las ONG rechazan la propuesta del Ayuntamiento de Madrid. Las siguientes son algunas de sus opiniones.

{{Contra la criminalización}}. ?Es evidente que si alguna persona comete un delito, tenga hogar o no, la policía debe actuar. Pero resulta erróneo pretender criminalizar a las personas sin hogar trasladando a la ciudadanía la falsa idea de que no tener hogar es sinónimo de delincuencia?, protesta Antonio Belmonte, voluntario del Servicio Civil Internacional.

{{Desprotección}}. “Las personas excluidas son las víctimas de esta violencia, no los causantes. (…) Según datos del INE un 41’9% de las personas sin hogar han sido insultadas o amenazadas. Que veamos que se agrede impunemente a estas personas y que sin embargo ahora se proponga su desalojo por ser causantes de hechos violentos. ¿Dónde estaba la policía cuando quemaron viva a una persona en un cajero automático?”, se pregunta José Manuel Caballol, secretario general de la Fundación RAIS.

{{Recursos insuficientes}}. ?Entendemos que la propuesta de acercar (involuntariamente si fuera preciso) a las personas que viven en la calle a los recursos que precisan no es factible, porque no existen todos los que son necesarios ni en número ni en la variedad que se precisa?, ha dicho Ana Vázquez, Coordinadora de Programa de la Asociación Realidades.

{{¿Degradación?}} “Durante estos días se ha podido escuchar leer y ver en las noticias argumentaciones que tienen que ver con la degradación que supuestamente causan las personas sin hogar (indigentes y mendigos dicen peyorativamente) en los entornos urbanos. Las personas no degradan a las sociedades, es la sociedad que permite que algunos de sus ciudadanos vivan en estas condiciones la que está degradada”, aclara Caballol.

{{Violación de derechos}}. ?Nos resistimos a apoyar o respaldar iniciativas como ésta por la que se busca ni más ni menos que ocultar, esconder y marginar a las personas sin hogar. Ciudadanos de derecho que deben ser protegidos por la ley?, subraya Carmen Sacristán Zurdo, presidenta de la Fundación RAIS. Ana Muñoz, portavoz de Solidarios para el Desarrollo, defiende que “la historia no está en quitarlos de un sitio y llevarlos a otro porque (su presencia) nos parece feo. Hay que tratar a esas personas con dignidad y con respeto y la medida que nos proponen es todo lo contrario”.

{{No funciona}}. ?Todas las estrategias que han pretendido obligar a retirarles de la calle (…) no han funcionado ya que rozan la inconstitucionalidad y van en contra del derecho de las personas?, asegura a título personal Antonio Rodríguez García, presidente de FACIAM. ?No tiene sentido pretender echar de la calle a aquellas personas que viven en ella. Con ello lo único que se va a lograr es que esas personas se trasladen a otra calle?, añade Belmonte.

{{Soluciones}}. Para Rodríguez García, es necesario ?el incremento de las acciones de acompañamiento social, desarrollando nuevas estrategias de acercamiento hacia las personas que están en este tipo de situación y aumentando la oferta de recursos asistenciales?. ?La solución no pasa por esconder los problemas, y sí por afrontarlos con las herramientas necesarias?, dice Sacristán Zurdo.

{{También en otras ciudades}}. ?Con respecto a las ordenanzas municipales de Barcelona y de otras ciudades que siguen el mismo camino, nos parecen un despropósito absoluto (…). Nos consta que muchas personas sin-techo en Barcelona se les están embargando sus prestaciones sociales por las multas que se derivan de la aplicación de las ordenanzas, produciendo una mayor indigencia si cabe?, comenta Rodríguez García.

{{Tendencia urbanística}}. Las entidades relacionan este tipo de medidas con una tendencia de urbanismo ?deshumanizador?, que elimina bancos y sustituye espacios de tierra por cemento o granito, que atrapan más el calor durante el verano y hacen más insufrible la estancia en la calle en época estival. ?Al final somos todos nosotros quienes sufrimos este tipo de situaciones, aunque es verdad que son las personas sin hogar quienes más lo pueden padecer?, señala Rodríguez García.

{{En cifras}}. En España apenas existen estudios oficiales de las características de este colectivo. Tanto es así que el número de personas sin hogar en España, según la fuente que se consulte, puede oscilar entre 20.000 y 30.000 personas en España, en Madrid se cuenta entre 2.000 y 9.000 personas y en Barcelona también unas 2.000.
La mayoría de los servicios sociales destinados a las personas sin hogar se mantienen mediante la Iglesia y no por la administración pública.
Según un estudio realizado por el sociólogo Pedro Cabrera, únicamente el 21% de los centros y servicios tienen titularidad pública y, de 155 centros de titularidad pública, el 42% son gestionados por organizaciones privadas.

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Dos Orillas

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