Cuestión de equidad

La medida estrella de ahorro sanitario de la Junta se ha quedado en el aire porque no se puede ahorrar lesionando los derechos de los ciudadanos. Eso ha dicho el gobierno, que denunció ante el Tribunal Constitucional la subasta pública de medicamentos aduciendo que reduce la oferta de prestaciones. Tiene razón el gobierno: si un ciudadano pide un protector gástrico con su correspondiente receta, ya no podrá elegir entre cualquiera de los genéricos que hasta ahora tenían en la farmacia, sino que le venderán el que fabrique aquel laboratorio al que se haya adjudicado el concurso público de fármacos. Claro, todos entendemos que ese ciudadano sale “muy, muy perjudicado”, y es natural que el gobierno actúe para proteger sus derechos.

No es el único motivo que hay tras la denuncia. El sector farmacéutico ha sabido explicarlo un poco más claramente, porque en su encendida defensa de la decisión del Ejecutivo recuerda que en otras CCAA ese mismo ciudadano puede elegir cualquier protector gástrico, para seguir con el ejemplo, lo que supone un caso grave de “inequidad entre pacientes”. Y lo que es peor: se podría provocar la “ruptura del mercado farmacéutico” y “una grave restricción de la competencia”. Pues también tienen razón las farmacéuticas, porque la adjudicación del producto a una sola compañía, a cambio de una rebaja en el precio, llevaría a que las demás vendieran bastante poco en Andalucía. La industria reduciría sus beneficios, aunque el Sistema Sanitario -ahora que Merkel ha decidido que es “insostenible”, y así lo ha proclamado ya la ministra Mato- habría encontrado una forma de financiación alternativa que no perjudicara el bolsillo de los ciudadanos.

La Consejera de Salud se queja de las zancadillas por aplicar mecanismos de ahorro alternativos al copago (por cierto, lo del copago ¿no será otro caso de inequidad entre pacientes?). Ha dicho también Montero que el gobierno ya trató de boicotear la subasta con amenazas previas a las empresas. Lo que ha pasado después es que los cuatro pequeños laboratorios, no asociados a las grandes patronales, que desoyeron las presiones y se presentaron al concurso han sido “castigados” con una rebaja del precio de sus fármacos en el resto de España, a ver si no sacan más los pies del plato. En esto el Gobierno ha andado muy vivo para proteger la equidad y los derechos… no ya de los ciudadanos, sino de las corporaciones. Las medidas que se han ido tomando parecen haber sido dictadas punto por punto por el omnímodo poder de la industria farmacéutica, a la que tampoco parecen gustarle los recortes (de beneficios). Rajoy anunció en su discurso de investidura que la sanidad, las pensiones y la educación eran intocables. Debería haber añadido que las farmacéuticas también lo eran.

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Mª Angeles Pastor Alonso

Columnista de "La otra orilla", colaboradora en "Señales de Humo" y pieza en construcción de varios puzzles. Para completar da clases de Lengua.

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