Destrucción a toda costa

La reforma de la Ley de Costas realizada por el gobierno del Partido Popular, llamada pomposamente Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, salva lo ya construido con una concesión casi eterna y sin las restricciones actuales. Así, las decenas de miles de casas construidas sobre el dominio público marítimo-terrestre que tenían una concesión de 30 años, la amplían 75 años a cambio de un pequeño canon que aún está por definir. Sus propietarios pueden vender las casas y hacer reformas. La Ley autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de veinte a cien metros y excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá este dominio en zonas como Doñana. Es una reforma en la que por encima de los intereses medioambientales priman los intereses económicos y personales. La degradación de nuestras costas aumentará y a este paso nos quedaremos sin playas.

De forma paralela a la propuesta de reforma, la organización ecologista Greenpeace ha presentado su informe “Destrucción a toda costa 2012”. La ONG ha comprobado cómo la mala gestión costera supone un derroche constante de dinero público de 100 millones de euros anuales en “parches”, que podría evitarse con una política de gestión integral de la costa. Una de las principales conclusiones del análisis es que, por lo general, al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida del capital natural. Actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros o el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. La mala gestión también se traduce en pérdidas: Naciones Unidas estima que en España se ha perdido, debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras, un 50% de los beneficios económicos y ambientales de la costa (pesca, turismo u otras actividades) y con ellos la capacidad del desarrollo económico futuro.

Una de las soluciones que propone Greenpeace para revertir las pérdidas es invertir 5.000 millones de euros en la recuperación del litoral (el 3% de lo que generamos cada año sólo en turismo costero) vinculando el turismo a la sostenibilidad. Con esta cantidad se respetaría y aumentaría el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de protección (esto implica el derribo de construcciones ilegales), se restaurarían zonas de alto valor ambiental y económico (marismas, espacios naturales protegidos de la costa, dunas, acantilados, humedales, etc.) y se comprarían terrenos costeros para su protección. Se socializarían los beneficios y se privatizarían los gastos, justo lo contrario de lo que pasa actualmente. Y es que se siguen sirviendo espúreos intereses económicos, alejados del bien común.

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Dimas Haba

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