Dictadura financiera

Confieso que cuando oigo hablar del “banco malo” con tanta naturalidad no puedo evitar cierto regocijo, porque suena a reconocimiento público, sin sutilezas, de lo que piensa y experimenta la inmensa mayoría de los españoles. Ya sé que no debo tomármelo a broma. No sólo porque esa inmensa mayoría (“somos el 99%”, consagró el Movimiento Occupy) sea la que vaya a terminar soportando lo que cueste este dichoso banco, sino por lo que significa de pérdida de la soberanía, de coacción económica, de dictadura, en fin.

Ya se encargó de certificarlo el Gobierno en la Comisión de Economía del Congreso, cuando explicó a los diputados que al hablar de la SAREB -siglas oficiales del banco malo- se podrían debatir todas las enmiendas… que no afectaran a las decisiones previamente dictaminadas por la Troika. Todo muy democrático. Se queja la oposición de que la propia reforma financiera impuesta desde Europa ha sido aprobada sin diálogo ni consenso, sin una sola reunión con el resto de los partidos. Aparte de que la mayoría popular aplique el rodillo a la hora de legislar, es que en este caso el rodillo (más bien apisonadora) se llama imposición y abuso de poder del capital. Y para qué vamos a guardar las formas, si donde hay patrón…

Otra prueba de esta dictadura es el fracaso del llamado “Código de Buenas Prácticas”, que instaba a los bancos a tener “gestos de buena voluntad” en casos de desahucio. Según denuncia un informe del Consejo General del Poder Judicial, las condiciones que se han de cumplir para acogerse a esas medidas son tantas y tan estrictas que sólo en situación de pobreza desesperada puede accederse a ellas. Por cierto, que en ese informe los jueces no se andan con chiquitas. Además de acusar a los bancos de venta torticera de productos financieros y mala praxis sistemática, hacen propuestas como regular obligatoriamente la dación en pago en algunas circunstancias, acabar con los privilegios procesales de los bancos, impedir que se les adjudiquen las viviendas de los desahuciados a precio de saldo o, en fin, hacer que las inyecciones de dinero público se extiendan a los clientes sobreendeudados. Sí, han leído bien: que quien tenga una deuda bancaria pueda recibir, también, ayuda del Estado. Son medidas de sentido común, que brotan de la indignación de quienes finalmente deben ponerle rostro a las frías (y escandalosas) cifras de desahucio. Son los jueces quienes ven la cara de las familias que se quedarán en la ruina para siempre mientras la Banca, no sólo no pierde, sino dictamina impunemente nuestras vidas.

¿Qué el gobierno no tiene margen de maniobra? Pues entonces, proclamemos de una vez en voz alta la dictadura financiera. O reconozcamos que, si el banco es malo, el gobierno es aún peor.

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Mª Angeles Pastor Alonso

Columnista de "La otra orilla", colaboradora en "Señales de Humo" y pieza en construcción de varios puzzles. Para completar da clases de Lengua.

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