El deber de conseguir una Andalucía sin exclusión

Hasta ahora la Andalucía imparable, la Andalucía al máximo, la segunda modernización de Andalucía,… no se ha traducido en una apuesta valiente y real para atajar el principal problema que padece nuestra tierra: el empobrecimiento y la exclusión social.

En medio de esta Andalucía tremendamente compleja y variada, en la que conviven compartiendo espacio la sociedad del bienestar y la empobrecida económica y socialmente las nuevas agendas políticas deben marcar con absoluta prioridad la desaparición de exclusión social
con derechos sociales fortalecidos con garantías de cumplimiento.

En Andalucía seguimos sin tener una Ley de Inclusión, pese a que es la propia U.E. la que reconoce que pese a la pujanza de la economía, en el futuro aumentarán los riesgos de exclusión social. La cohesión ha disminuido y la vulnerabilidad está más extendida de los que indican las
cifras generales de pobreza. Es por ello por lo que la APDHA exige que la Ley de Inclusión para los andaluces no tenga más demora. La anterior Consejería de Asuntos Sociales realizó un Borrador de trabajo sobre una
futura Ley de Inclusión Social en Andalucía (Febrero de 2001) que no llegó a buen puerto.

El Presidente Chaves es una de las sesiones de control al Ejecutivo andaluz en el Parlamento ha manifestado que Andalucía se encuentra en condiciones de acabar con las situaciones de pobreza extrema porque dispone de recursos para ello. Incluso, tras la aprobación del Estatuto, ha
anunciado la puesta en marcha de una ley de inclusión que incluyera la regulación de las rentas básicas. Falta ver cuando y como se concreta esta propuesta.

Es el momento, pues, de pasar de las palabras a la acción. Como sociedad civil organizada tenemos el deber de exigirlo, porque es posible conseguir una Andalucía sin exclusión social.

Argumentos que nos permiten mostrar la falta de interés
prioritario que hasta el momento ha existido por parte del gobierno andaluz para desarrollar una política decidida que erradique la pobreza y la exclusión social, no nos faltan:

(…)

– ¿Por qué la Consejería no se sitúa urgentemente en la perspectiva de
una Ley de Inclusión Social?
– ¿Qué prioridad presupuestaria tiene la política de inclusión en
nuestra tierra?
– ¿Es una Consejería escuchada por las de Obras Públicas, Empleo,
Salud, Educación,… a la hora de realizar intervenciones sociales
globales?
– ¿Qué directrices se están siguiendo en la política de protección de
menores?
– ¿En los últimos diez años que incremento han experimentado las
ayudas económicas familiares que vía Ayuntamientos se destinan a
la población más necesitada?
– ¿Qué recursos existen para propiciar una salida digna de los
enfermos de SIDA en prisión?
– ¿Hay recortes en las políticas a la hora de intervenir en zonas
necesitadas de transformación social, se han incrementado los
presupuestos que redundan en tales zonas o dichos presupuestos
son las migajas de la consejería en cuestión?
– ¿Cuándo se va a dejar de experimentar con programas de corta
duración y se va a desarrollar programas sólidos y continuados en el
tiempo?
– ¿Para qué sirven los programa europeos cuando año tras año
reiteran en la descripción de unas realidades sobradamente
conocidas, y a las buenas prácticas constatadas no se les dota de
recursos?
– ¿Son prioritarias las medidas de empleo en estas zonas?
– ¿Se tienen en cuenta a las empresas de inserción sociolaboral a la
hora de ofertar servicios o se prioriza el presupuesto económico
concediendo los servicios a las grandes empresas con bajos salarios
y alto nivel lucrativo?
– ¿Cómo están atendidas las personas mayores que viven solas y con
bajo nivel adquisitivo?

[Informe completo en pdf->http://www.apdha.org/documentos/informeexclusion07.pdf]

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