El FSLN de nuevo en el Gobierno… No en el Poder

El 19 de julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) conquistaba el poder en Nicaragua luego de tan largos como difíciles años de lucha guerrillera. De la dirección nacional colegiada, entre los nueve comandantes de la revolución, se proyectaba particularmente Daniel Ortega Saavedra, quien 28 años más tarde, el 10 de enero del 2007, llegaría de nuevo al gobierno del país, esta vez a través de elecciones. Entre uno y otro momento se sucedieron once años de revolución sandinista –una de las experiencias sociales más transformadoras en todo el continente latinoamericano. Y dieciséis años de tres sucesivos gobiernos “neoliberales” que sentenciaron el retroceso social de Nicaragua, convertido hoy en el segundo país más empobrecido del continente. Balance de la dinámica nicaragüense a seis meses de la victoria electoral del FSLN.

Nueva etapa… ¿pero cuál?
Un balance de estos seis primeros meses exige de antemano preguntarse si se trata de un gobierno revolucionario –al estilo del sandinismo de los años ochenta- o de una democracia “formal” o “normal”, de las que existen en tanto países del mundo. Una vez respondido ese interrogante, se puede avanzar entonces en el análisis de lo que se puede esperar del gobierno actual del FSLN.

Tras la reflexión del periodista William Grigsby, se esconde la disyuntiva esencial de la coyuntura de ese país centroamericano. Y la auto-respuesta del director de la Radio La Primerísima no deja lugar a dudas: “no hay una correlación de tipo político para pensar que hoy se puede implementar una revolución como en los ochenta. Sin embargo, hay una oportunidad de oro para sentar las bases para salir de la miseria profunda que aqueja al país”, subraya.

“No espero una revolución, lo que espero es que sea un buen gobierno. Que ataque las causas y las consecuencias de la miseria. Y que pueda articular un programa de desarrollo nacional”, enfatiza Grigsby, uno de los más agudos analistas políticos del país. Su programa diario, “Sin Fronteras”, transmitido a las diez de la noche, constituye uno de los escasos puntos de referencia para el análisis político, en un país donde hoy predominan medios de comunicación superficiales y amarillistas.

{{Lo hecho y lo que falta hacer}}

Una de las primeras medidas de Daniel Ortega consistió en decretar la gratuidad de la educación y la salud, decisión de alto valor simbólico en un país en el cual en los tres últimos lustros la privatización de buena parte de los servicios públicos hizo explotar la brecha social entre ricos y pobres.

Tal como lo indica un balance de los primeros cien días del nuevo gobierno elaborado por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), el ahorro del gasto público y la condonación de la deuda con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), permitieron aumentar hasta un 3.21 % el presupuesto para el 2007, con respecto a la propuesta presentada por el presidente anterior. De ese aumento, un
18 % fue destinado a la salud, un 54 % a la educación y casi un 24 % al Bono Productivo Alimenticio, tres de las áreas esenciales de la política social que comienza a implementar el FSLN.

Y si la lucha contra la pobreza constituyó una de las principales banderas electorales sandinistas, el Programa “Hambre Cero” – que retoma el nombre de un plan similar implementado por Lula en Brasil- se perfila como la propuesta esencial de ese combate en las regiones rurales más marginadas.

Con un presupuesto de 30 millones de dólares anuales, Hambre Cero tiene como objetivo beneficiar anualmente a 15 mil familias – 75 mil en cinco años-, asegurándole a cada una 2 mil dólares a través de la entrega de una vaca y ganado menor, semillas, y otros medios para promover la recuperación de la producción campesina. Eligiendo para comenzar la implementación, las regiones rurales más marginadas.

Para el sociólogo Orlando Nuñez, padre teórico de este programa, una idea esencial del sandinismo 2007 “es de pasar de un Estado con el perfil de Gobierno+corporaciones (privadas), a un Estado con el perfil Gobierno+ asociaciones. La lucha para lograrlo no será sólo política sino también económica y habrá que organizarse no sólo políticamente sino económicamente, incluso aprovechando las reglas impuestas estos años por la derecha”.

Reflexión que explica las propuestas organizativas centrales que tiende a promover el Gobierno en sus próximos cinco años. La primera, las asociaciones de pequeños y medianos productores, con un acento gremial, que permita recrear un sujeto económico prácticamente desaparecido como consecuencia de tres lustros de políticas neoliberales que beneficiaron únicamente a los grandes productores.

La otra propuesta, más en el terreno político, son los Consejos de Poder Ciudadano, implementados en todo el país, desde barrios y comarcas, pasando por municipios, departamentos y culminando a nivel nacional.

La consigna “el Pueblo Presidente” y la democracia directa que impulsa el sandinismo “va mucho más allá de un discurso político. Es un nuevo esquema organizativo basado en leyes de participación votadas en gobiernos anteriores”, explica Harold Urbina, colaborador de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La coherencia entre objetivos y medios participativos aparece en el argumento del joven militante. Debe recrearse la forma de participación a nivel nacional para poder implementar las tres metas inmediatas del programa del FSLN. “El bienestar ciudadano a partir de la recuperación de los servicios públicos desmantelados y privatizados; la reactivación económica y productiva; y las transformaciones sociales para combatir la pobreza”. Para ello, insiste Urbina, es importante además una nueva lógica de política y cooperación internacional, “sobre la base del comercio justo, la igualdad entre naciones, el respeto entre Estados. Y por eso apostamos a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), promovida especialmente por Venezuela”.

La reciente instalación en Nicaragua del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) con más de 10 millones de dólares de capital inicial proveniente de ese país – con la óptica de reactivar al campesinado- y el apoyo de Venezuela en petróleo para dar respuesta a una de las peores crisis energéticas que soporta Nicaragua, son resultados pragmáticos de esta nueva referencia de política internacional en marcha. Caracas ha prometido financiar el 50 % de la factura petrolera nicaragüense para permitir liberar fondos que deberán ser destinados a proyectos sociales.

{{Una oposición al acecho}}

La victoria del FSLN en las elecciones de noviembre 2006 fue ajustada. Su 38 % de votos, aunque le permitió alzarse con el triunfo, no le asegura invulnerabilidad en el parlamento donde su bancada es minoritaria. Las dos fracciones liberales sumaron 52 % de los votos y la disidencia sandinista reunida alcanzó un 9 %.

En estos seis primeros meses de gobierno las críticas cotidianas de la oposición han ido aumentando el tono. Prácticamente no hay anuncio o actividad gubernamental que no sea fuertemente criticada. Y no son secretas las discusiones entre los tres sectores opositores para impulsar lo que ellos denominan “una alianza anti-Ortega”.

A pesar del esfuerzo inicial “moralizante” de Daniel Ortega de reducir los megasalarios del ejecutivo y sus ministros, a fines de mayo fue revelado un publicitado caso de extorsión contra inversionistas europeos-norteamericanos en turismo. Según la revista ENVIO, de la Universidad Centroamericana, “la extorsión la realizaba el ex alcalde y ex diputado del FSLN y actual cónsul nicaragüenses en Liberia (ciudad del norte de Costa Rica), Gerardo Miranda, señalado ya por corrupción en su gestión municipal…”

Dicho escándalo, todavía en vías de investigación judicial, animó aún más a la oposición no sólo política sino también de centros de estudios, ONG, redes y plataformas.

La Coordinadora Civil, creada en 1998 luego del huracán Mitch que azotó el país –fuertemente opositora hacia los dos últimos gobiernos liberales- se ha venido convirtiendo también en los primeros meses del 2007 en portavoz de la actual crítica anti-sandinista que propician algunos sectores medios. Compuesta por unas 600 organizaciones, sigue reivindicando la denuncia a todo conato de corrupción y se preocupa ante la falta de claridad del FSLN en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las instituciones financieras.
La falta de información sobre ciertas áreas y políticas de Gobierno, así como los repetidos cambios de ministros –especialmente mujeres- en estos primeros meses de gestión, conspiran contra la consolidación del Gobierno de Daniel Ortega. Así lo explicaba el IPADE en su documento-balance de los primeros meses: “la ausencia de información del Gobierno genera une estado de incertidumbre y una percepción negativa ante la ciudadanía…”.
Por otra parte, ciertos aspectos “formales” de la vida política, como la decisión de Ortega de no ocupar la antigua Casa de Gobierno -argumentando medidas de ahorro- y de desempeñar sus funciones en la sede de su partido, irritan sobre manera las sensibilidades de la oposición. Que critica además el rol protagónico de Rosario Murillo, esposa del presidente, designada secretaria del Concejo de Comunicación y Ciudadanía, función que la convierte en la principal portavoz gubernamental junto con el mandatario.

{{Los desafíos de futuro}}

Dos momentos políticos a mediano plazo se perfilan como trascendentes. El primero, en enero del año que viene, cuando se vencerá la prórroga de la decisión de las reformas constitucionales y se reabrirá un acalorado debate nacional a partir del cual la oposición intentará disminuir los poderes del ejecutivo.

El segundo, las elecciones municipales de noviembre del 2008, a las que la oposición intentará transformar en un plebiscito contra el FSLN.

En esa perspectiva, los retos de cara al próximo año y medio son desafiantes para el sandinismo. Que debe asegurar una buena gestión de gobierno, asumiendo la responsabilidad de un Estado que ha sido literalmente diezmado por las administraciones anteriores. Dando respuestas a demandas sensitivas de los sectores más marginados del campo y la ciudad; materializando una recuperación económica efectiva; resolviendo la ya aguda crisis energética –con cortes de electricidad que en junio llegaron en algunos barrios capitalinos a las 8-10 horas diarias- e imaginando pistas para la creación de nuevos empleos, consigna que constituyó durante la campaña una promesa electoral movilizadora.

Por otra parte, y en paralelo, numerosas energías deberán ser dirigidas para implementar el nuevo concepto de participación ciudadana – los Consejos- que tanta desconfianza crea entre los sectores medios y la oposición político-social. Una pista participativa cuyo éxito o fracaso dependerá, esencialmente, de la capacidad de la militancia sandinista para comprenderla como una oportunidad y no como un privilegio verticalista y autoritario.

No menos importante será también para el Gobierno dotarse de una pedagogía de comunicación todavía ausente, que impacte en la gente, aclare las dudas, movilice y entusiasme. En una sociedad donde no hay euforia y donde los estragos de tres gobiernos neoliberales se perciben tanto en la vida cotidiana como en la conciencia y en la débil organización de la gente.

Lejos están los años 80, su euforia participativa y la capacidad –casi automática- de convocatoria del sandinismo en el poder. En una nueva era en la cual el FSLN es “solamente” Gobierno.

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