En Venta

Un Juez ha condenado al Ayuntamiento de Macael (Almería) a entregar a una
constructora una plaza pública como compensación de una deuda municipal de
dos millones de euros por unos trabajos de movimientos de tierra. En
Cataluña el gobierno está malvendiendo sedes institucionales para hacer
caja, AENA y Loterías del Estado también están en la sección de anuncios
breves. En Huelva ya se vendió Aguas de Huelva o el Parking de la Casa
Colón. Quien compra estos rentables saldos son aquellos que tienen la
posibilidad de hacerlo; bancos, constructoras y empresas energéticas. Lo
que es lo mismo que decir que compra quien se está beneficiando de este
río revuelto, que están en el mercado en condiciones de oligopolio; a
ratos liberalizado, a ratos intervenido, a ratos subvencionado, a ratos
con subidas injustificadas de precios en sus servicios. Compra quien se
benefició antes, durante y después de la crisis.

Lo cierto es que un Estado débil hace a los ciudadanos más vulnerables. La
tendencia a privatizar hace que el beneficio económico siempre prevalezca
sobre el servicio público y eso repercute en la atención que las personas
recibimos. Servicios básicos para que una sociedad funcione: agua, luz, o
gestión aeroportuaria, que es lo que ya está vendido o en venta, a los que
se asoman la educación o la sanidad. Y cuando todo esté vendido ¿cuál será
el siguiente paso? Esta es una espiral peligrosa que no tiene fin y que,
como hacen los pobres, si vendes lo que es valioso y te resulta útil,
tendrás algo de liquidez momentánea, pero, a la larga, serás siempre más
necesitado, y dependerás de los vaivenes ajenos, tus decisiones estarán
más condicionadas aún y lo disciplina legislativa tenderá a la laxitud
hacia el patrón de tus posesiones. En el ámbito municipal esto tiene unas
consecuencias muy peligrosas, fíjense que parte del dinero de la venta de
Aguas de Huelva se empleó casi inmediatamente en pagar a Ferrovial por la
concesión de la basura. La empresa sabe que puede presionar cuando quiera
(dejando de recoger los desechos), y el Ayuntamiento la prioriza antes que
pagar a las asociaciones de vecinos, o a los servicios de integración
social por poner un ejemplo. Esto no ocurriría con una empresa pública.

Si la sentencia de Almería sienta jurisprudencia, Huelva tendrá dentro de
poco un peaje para entrar a la Plaza de las Monjas, o cepos en los
columpios de los parques, porque la deuda capitalina puede llegar a
justificar lo injustificable y la voracidad para cobrar una tentación.
Pues no, eso no es admisible. La crisis debe socializar su cuenta de
pérdidas. Quien se enriqueció antes y ahora debe contribuir a sostener un
sistema del que se benefician y que, para nosotros, simplemente es la base
en la que poder vivir.

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Victor Rodríguez

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