La trascendencia global de la protesta en la Amazonía peruana

[Articulo traducido y publicado en www.rebelion.org->http://www.rebelion.org/noticia.php?id=86994]

La región del Amazonas de Perú ha sido aislada, después de la muerte de posiblemente 40 manifestantes indígenas y de 20 policías durante un intento de dispersar un bloque de carretera el viernes pasado. Algunos informes estiman la cantidad de muertos en hasta 250, y más de 100 desaparecidos en la peor violencia que haya visto la región del Amazonas desde el clímax de la insurgencia de Sendero Luminoso en los años ochenta.
Pero mientras aumenta la cantidad de muertos, y la Amazonía es militarizada, la resistencia aumenta en todo Perú contra una serie de leyes hechas para abrir la selva a la inversión en energía y para desbaratar las propiedades de tierras indígenas.

El 6 de junio, se informa que helicópteros del ejército peruano dispararon contra un bloqueo pacífico. La mayoría de los muertos fueron manifestantes indígenas, parte de un contingente en el bloqueo en la provincia Bagua que ascendía a miles – todos ellos para oponerse a la expansión de la exploración energética y de la tala de árboles en la región del Amazonas de Perú. Y parece que muchos de ellos no sólo eran pacíficos, sino que estaban dormidos.

Como informó la ONG Amazon Watch: “Aproximadamente a las 5 de la mañana, la policía militar peruana realizó una violenta incursión” durante la cual “varios miles de indígenas aguarunas y huambisas fueron dispersados por la fuerza mediante gas lacrimógeno y munición de guerra.” En un brutal ataque, los helicópteros lanzaron gas lacrimógeno desde la altura mientras la policía atacaba a los manifestantes – disparando contra algunos al hacerlo. La ONG también informa que “mientras mataban y herían a manifestantes desarmados, algunos se opusieron a la policía, les arrebataron sus armas y contraatacaron en autodefensa lo que llevó a la muerte de varios agentes de la policía.”

Doctores en Bagua afirman que se obstruyó la evacuación de las víctimas. Como el doctor José Sequén Reyes dijo a El Mundo: “Durante gran parte de la mañana,… la policía no permitía el paso de las ambulancias para la evacuación” La corresponsal de El Mundo, Beatriz Jiménez también informó que: “El dirigente amazónico Zebelio Kayap, desde la zona del conflicto denuncia que los cuerpos de los fallecidos están siendo “desaparecidos” por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales. También que la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger los heridos y trasladarlos a las ciudades cercanas y que tampoco deja recoger los cadáveres desperdigados.” Afirmaciones que son respaldadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú que publicó esas denuncias de brutalidad policial en su blog diciendo que: “se han recibido denuncias extraoficiales sobre la posible quema de cadáveres por parte de efectivos policiales.”

Amazon Watch manifestó al respecto el 8 de junio que “numerosos testigos presenciales informan que Fuerzas Especiales de la policía del Perú han estado eliminando los cuerpos de manifestantes indígenas que fueron muertos,” en lo que el portavoz de Amazon Watch, Gregor McClennan, llama “un aparente intento del Gobierno de subestimar el número de indígenas muertos por la policía.”

Más de cien manifestantes siguen detenidos mientras, según McClennan, “testigos presenciales también confirman que la policía sacó por la fuerza a algunos de los manifestantes heridos de los hospitales, llevándolos a destinos desconocidos.” Aumentan los temores de que otros bloques, como el que tiene lugar en las afueras de la localidad de Yutimaguas, podrían ser objeto de una represión similar, ya que una atmósfera de miedo e intimidación se extiende por la Amazonía peruana.

Como lo señala una declaración publicada el 5 de junio por la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de los Andes (CAOI): “El gobierno aprista de Alan García Pérez ha desatado una represión sangrienta en la Amazonía Peruana la madrugada de hoy.” Para la CAOI, las muertes en Bagua constituyen “Es la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión.”

El dirigente indígena Walter Kategari expresó sentimientos similares, cuando declaró al periódico mexicano El Universal que: ““Comenzaron a disparar contra nuestra gente. Y el gobierno sabe que los indígenas somos pacíficos, pero cuando hay una acción contra nosotros siempre encontrarán una reacción. Y nos hicieron reaccionar.” Kategari se hace eco de las palabras de Alberto Pizango, uno de los principales organizadores del movimiento indígena en Perú, quien ha dicho que la policía derribó a tiros a “hermanos” indígenas como si no fueran otra cosa que animales.

El gobierno, mientras tanto, ha replicado con ataques verbales contra los manifestantes. El presidente Alan García dijo, hablando del líder de la manifestación, Alberto Pizango, que éste era culpable de “caer a un nivel criminal: atacar un puesto de la policía, arrebatar armas a la policía, matar a policías que cumplían con su deber.” (El gobierno mantiene que 24 policías murieron en los choques, y sólo 9 manifestantes – cifras cuestionadas por los informes de testigos presenciales.)

Según el periódico La República de Perú: García echó en cara que algunos nativos fueron engañados con información inexacta sobre las normas que han llevado a la controversia entre el Estado y los nativos, diciendo que espera que esto termine. Y también que del lado de los nativos han sido engañados, para que se pronunciaran sin haber leído los decretos, agregando que espera que no haya más víctimas.

Mientras tanto, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, ha dicho que las protestas son puramente por motivos políticos – producto de los oponentes a García – y por lo tanto maduras para la represión. El propio García ha dicho lo mismo. Como dice La República, el presidente ha implicado que tras las protestas existen intereses nacionales de competencia para impedir el desarrollo de la industria extractiva en la selva.

En otra dirección, el ministro del trabajo de Perú ha atacado a los dirigentes del movimiento indígena, y aconsejado a los peruanos que recuerden a los policías caídos así como a las víctimas indígenas, argumentando que “Pizango con su intolerancia ha llevado esta situación al país.”

Por su parte, Pizango dijo a la prensa que responsabiliza al gobierno del presidente Alan García por ordenar este genocidio,” y por haberlo hecho ha sido calumniado en la radio nacional, y la estación CNR dijo que “podría pedir asilo en Bolivia, Venezuela o Ecuador en las próximas horas.” Al final resultó que Pizango pidió asilo en la embajada de Nicaragua, después de amenazas a su vida.

La guerra de palabras, bombas lacrimógenas, helicópteros y balas, nos pone al borde de un precipicio. Ante una grave amenaza a su programa económico centrado en las inversiones a través de un movimiento indígena de una vitalidad y organización sin precedentes, García responde mediante la violencia. ¿Pero cómo hemos llegado a esta situación?

Apertura de la Amazonía

El ritmo de la movilización y de la resistencia indígena en Perú se ha acelerado durante los últimos tres años desde que Alan García llegó por segunda vez al poder como presidente de Perú. García se lanzó a una estrategia económica de doble vía que ha enajenado a amplios sectores de la sociedad peruana, pero sobre todo a los 14 millones de indígenas del país.

Por una parte, García ha hecho aprobar un Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU., promulgando varios “decretos” a fin de remodelar la economía para ajustarse a los términos del acuerdo. Por la otra, ha promovido agresivamente la apertura de la Amazonía a la exploración y el desarrollo energético, una estrategia que plantea una amenaza inmediata al modo de vida indígena y a las ecologías nativas.

Como informó un estudio publicado en 2008, García ha destinado más de un 70% de la Amazonía peruana a firmas petroleras como Pluspetrol de Argentina, y Perenco de Francia. Tales acuerdos también han sido obtenidos sin consultar a las comunidades indígenas que serán afectadas. De hecho, Alan García ha pasado por sobre las preocupaciones por los derechos indígenas diciendo que “Tenemos que entender que cuando hay recursos como el petróleo, el gas y la madera, no pertenecen sólo a la gente que ha tenido la suerte de haber nacido allí.”

Los decretos que García promulgó a fin de preparar a Perú para la integración con la economía de EE.UU. van a facilitar considerablemente la expropiación de tierras indígenas.

El Decreto 1064, por ejemplo, apuntaba a pasar por alto a las comunidades locales, permitiendo que compañías con concesiones amañaran cambios a los permisos de zonificación en la Amazonía con el gobierno central de Perú, evitando potencialmente toda forma de consulta local. Amazon Watch señala que eso coloca a Perú en contravención con la regulación 169 de la OIT que exige que los gobiernos “consulten con los pueblos indígenas antes de firmar contratos y de establecer cualesquiera proyectos de desarrollo que los afecten” – algo que “nunca ha sucedido, pero que siempre ha habido un requerimiento de que las compañías por lo menos negocien un arreglo financiero con una comunidad antes de llegar al lugar.”

El Artículo 7 del Decreto 1064 también apunta a “[reclasificar] los derechos comunales a la tierra como subordinado a la propiedad individual y privada” mientras que “sub-cláusulas del artículo 7 dan el favor en cualquier conflicto a individuos y compañías, y a colonos que han invadido territorio indígena.” Se suponía que esto funcionara en conjunto con el decreto 1089, que expandía el papel del servicio COFOPRI [Organismo de Formalización de la Propiedad Informal], cuya política “ha sido promover títulos de propiedad individuales a la tierra, ofreciendo créditos a individuos que renuncien a su tierra comunal a favor de títulos individuales.” Los decretos 1015 y 1073, además, facilitarían el fraccionamiento de tierras comunales indígenas al requerir una simple mayoría en las comunidades, en lugar de dos tercios como era el caso previamente.

Tal vez el más controvertido de todos, el decreto 1090 apuntaba a reducir drásticamente la cantidad de Amazonía cubierta por el sistema de protección del patrimonio forestal del Perú, “liberando” unas 45 millones de hectáreas para el desarrollo económico (incluyendo cerca de un 60% de las selvas de Perú).

Esta determinación ha provocado resistencia. Los pueblos indígenas han luchado hace tiempo contra firmas energéticas. Los achuar, por ejemplo, han llevado ante los tribunales en Los Ángeles al gigante estadounidense Occidental Petroleum por la contaminación de su tierra. Pero esa resistencia nunca ha sido unificada.

Como me dijera el experto en Latinoamérica John Crabtree de la Universidad Oxford: “Perú, a diferencia de Bolivia y Ecuador, carece de un poderoso movimiento indígena que una a los grupos favorables a los indígenas en las tierras altas y en la selva de la Amazonía.” Los grupos en la Amazonía han estado frecuentemente divididos y “siempre han tendido a concentrarse en su propia realidad en lugar de formar alianzas con otros,” pero esto podría estar cambiando debido a la “Ley de la Selva” de García (decreto 1090).

Los últimos dos años han visto una profundización de la cooperación entre pueblos dispares en la Amazonía peruana. En agosto de 2008, encabezados por el agrupamiento indígena AIDESEP, los manifestantes bloquearon algunas de las más importantes vías fluviales y arterias de transporte de Perú. Un puente en Bagua fue ocupado, separando a la Amazonía peruana de la costa, provocando choques en los que más de 800 manifestantes se enfrentaron a la policía con decenas de heridos. En el sur del país, manifestantes rodearon y bloquearon la instalación de gas natural Camisea, así como otras plataformas de perforación y un proyecto de represa hidroeléctrica, extendiendo la lucha contra las reformas de García a todo el país.

Portavoces de los manifestantes exigieron la cancelación de más de 30 decretos, y una consulta sustantiva sobre proyectos específicos. Como dijera el portavoz de AIDESEP, Alberto Pizango, los manifestantes se estaban “movilizando por el derecho a la vida, el derecho a conservar su territorio y a defender el entorno – la selva tropical amazónica que es el pulmón del mundo.”

En un determinado momento, el gobierno trató de conducir a los dirigentes de AIDESEP a un “diálogo” sobre temas del desarrollo, pero las protestas continuaron cuando el gobierno convirtió su cese en una condición previa para conversaciones. Voces en los medios comenzaron a hacer absurdas comparaciones entre los manifestantes indígenas y Sendero Luminoso, un brutal grupo maoísta activo en los años ochenta y a comienzos de los noventa.

La situación escaló, y los activistas indígenas se negaron a echar marcha atrás. El gobierno no había logrado cooptar a sus representantes, o lanzar una respuesta efectiva a las protestas que habían sido casi totalmente no violentas y que gozaban de apoyo en todo Perú. De modo que cuando García declaró un estado de emergencia el 19 de agosto, en lugar de lograr eliminar las protestas mediante acciones policiales, llevó al enardecimiento de los activistas.

Un dirigente de AIDESEP, Alberto Pizango, calificó la proclamación de “declaración de guerra abierta.” Pero los peruanos indígenas no se rindieron. Lejos de ello, de hecho. Como relató la periodista Sandra Cuffe: “Las ocupaciones, bloques y protestas continuaron; y otros se sumaron por solidaridad. Un Comité de Lucha provincial en La Convención (Cusco) incluyendo una Federación de Trabajadores Agrícolas anunció acciones indefinidas en apoyo a las comunidades en la Amazonía, incluyendo bloques de carreteras y del transporte inter-provincial.”

El 20 de agosto, AIDESEP se reunió con el presidente del Congreso de Perú, Javier Velásquez Quesquén, quien aceptó convocar a una sesión plenaria extraordinaria para discutir los decretos contenciosos. Al llegar el 22 de agosto, el Congreso había aprobado el decreto legislativo 2440, que revocó los decretos 1073 y 1015 de García. La presión de los movimientos indígenas había derribado dos de los decretos más controvertidos – que tenían que ver con cambios de la propiedad de la tierra – pero muchos seguían en pie.

A pesar de todo, como dijera Alberto Pizango: “El pueblo de Perú, indígena o no, ha demostrado una vez más que es posible reclamar nuestros derechos a la vida, a la dignidad, y a un desarrollo duradero y sostenible. Es un nuevo amanecer para los Pueblos Indígenas del país.”

Vendiendo la selva

Nuevo amanecer o no, muchos de los decretos siguieron vigentes y continuaron posando una grave amenaza para las comunidades indígenas. Además, en enero de 2009, el Tratado de Libre Comercio entre Washington y Lima entró en vigor después de recibir la firma de George W. Bush, y quedó en claro que el TLC aumentaría la presión sobre la región del Amazonas.

A juicio de Will Petrik, analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos, las consecuencias serán trascendentales. “A medida que los agricultores en pequeña y mediana escala sean obligados a competir con las importaciones agrícolas subvencionadas de EE.UU.,” escribió en enero, “se estima que innumerables agricultores serán obligados a abandonar sus tierras, exacerbando los problemas, como ser la pobreza urbana, el narcotráfico, y la emigración obligada.”

La integración de la economía de Perú a un área comercial más amplia tendrá profundas implicaciones para la Amazonía. De hecho, como me dijo Farid Matuk, ex director del Instituto Nacional Peruano de Estadística e Informática, mientras “Toda la idea del TLC es expandir la frontera agrícola de la economía de EE.UU.,” tendrá el efecto de impulsar la producción alimentaria de la costa a la región de la Amazonía peruana. Mientras “las áreas pasarán a cultivar alimentos para la exportación,” me dijo, “menos tierra disponible para alimentos para el consumo interno puede llevar a demanda de tierra en las selvas [y] habrá que talar más bosques para producir más alimento para el consumo interno.”

Como agregó Petrik: “Como el nuevo TLC asegura protecciones para las inversiones de las corporaciones multinacionales, más de esas corporaciones y su modelo industrial, que marginaliza los derechos laborales y el entorno como simples externalidades, probablemente invalidarán todos los obstáculos a la expansión del comercio a cualquier precio.”

De modo que el TLC lleva consigo un movimiento de pinzas implícito concentrado en las tierras de la Amazonía. Por una parte, existe una creciente presión sobre las tierras del Perú para producir alimentos para el consumo interno. Por la otra, está la apertura de la región a la inversión corporativa y al debilitamiento de las salvaguardas regulatorias.

El camino a Bagua

El 8 de abril de 2009, AIDESEP surgió de nuevo con un llamado a las comunidades indígenas en todo Perú, movilizando a 1.350 de ellas para lanzar otra campaña contra los decretos de García y el TLC. Bloqueando los ríos Napo y Corrientes, AIDESEP exigió la revocación de los decretos restantes, llevando a 30.000 o más personas a las calles y a las barricadas, mientras dejaba a 40 embarcaciones de las firmas energéticas bloqueadas sin poder llegar al mercado.

El 28 de abril, como informó Intercontinental Cry, “protestas y otros bloques habían tenido lugar a lo largo de los ríos Cenepa y Santiago, en una línea férrea que lleva a Machu Picchu, y en otras varias áreas de importancia para el comercio en los departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Junín.”

Las tensiones permanecieron relativamente bajas, a pesar de continuos bloques y protestas, pero el 8 de mayo el gobierno declaró un estado de emergencia – cuando los manifestantes comenzaron a cuestionar grandes inversiones. Convenios como la inversión de 2.000 millones de dólares de la firma francesa Perenco en la exploración petrolera fueron cuestionados por miles de manifestantes que exigían un “desarrollo desde nuestra perspectiva,” como dijo Alberto Pizango.

Después de la ruptura de las conversaciones con el gobierno, una semana más tarde, se presentó Pizango, y dijo a los periodistas que los manifestantes indígenas “se niegan a reconocer la autoridad” del gobierno. En su lugar, obedecerían a sus leyes ancestrales y verían cualesquiera fuerzas de seguridad del gobierno en sus tierras como una “agresión externa” mientras “el gobierno quiere apoderarse de nuestras tierras y entregarlas a gigantescas multinacionales por el petróleo, la madera, el oro y otras riquezas codiciadas por los ricos del mundo.”

Pero Pizango también usó la palabra con “I” como reacción ante la intransigencia del gobierno, calificando la campaña indígena de “insurgencia” – una etiqueta aprovechada por el gobierno. El presidente García hizo un raro discurso por televisión, llamando egoístas a las comunidades indígenas por guardar bajo llave los recursos de sus tierras que por propio derecho debían ser aprovechadas por todos los peruanos. “Tenemos que comprender,” dijo, que “cuando hay recursos como petróleo, gas y madera, no pertenecen sólo a la gente que tuvo la suerte de haber nacido allí porque significaría que más de la mitad del territorio de Perú pertenece a unos pocos miles.”

García combinó su llamado al nacionalismo con una escalada de fuerzas, enviando a los militares de Perú a la región de la Amazonía durante 30 días para aplastar las protestas en sitios estratégicos, mientras Pizango y la AIDESEP seguían llamando al diálogo. Como informó Irene Claux de Upside Down World: “Pizango subrayó que el gobierno debe levantar el estado de emergencia que ha sido establecido desde el 9 de mayo en cinco regiones amazónicas, el Congreso debe revocar los decretos controvertidos, y debe haber una discusión respecto a un diferente camino en el desarrollo de la Amazonía.”

Mientras tanto, “el partido de García se negó a respaldar una moción que abriría el debate sobre los decretos presidencial, una acción que su principal oponente político, el nacionalista de centro-izquierda Ollanta Humala, había calificado de “craso error.” En otras palabras, García, había elegido como su estrategia la confrontación.

A pesar de su falta de disposición a iniciar conversaciones honestas con AIDESEP o discutir el asunto en el Congreso, desde entonces García se ha vuelto más desesperado por terminar con los bloques indígenas, que están teniendo un efecto directo en la producción de energía y el transporte. Aunque los manifestantes no han logrado conservar el gasoducto que sale del proyecto de gas natural Camisea en el sur de Perú después de casi dos semanas de ocupación, otros gasoductos siguen bloqueados. Sin embargo, incluso antes de esa ocupación, como informa Financial Times, “las manifestaciones… habían provocado advertencias de racionamiento de combustible dentro de una quincena,” mientras que las operaciones han sido suspendidas en el Bloque 1A, de la firma argentina Pluspetrol.

García ha ido cayendo en los sondeos de opinión en las últimas semanas, lo que ha sido otro estímulo para la acción. Un sondeo realizado por Ipsos, Apoyo y Opinión y Mercado estima su tasa de aprobación en sólo un 30% – lo que difícilmente representa un mandato para imponer decretos que remodelarían toda una nación.

Ante este trasfondo – resultados deprimentes en los sondeos y amenazas a las inversiones – García lanzó su ataque contra los manifestantes durmientes en Bagua.

Defensores de la tierra

Al decidirse por la militarización del conflicto con manifestantes indígenas, García no sólo ataca los cuerpos físicos de peruanos indígenas. Su gobierno se ha lanzado a desafiar, y potencialmente desmantelar, una constelación de culturas diversas, pero relacionadas, todas las cuales ven el “desarrollo” y el “entorno” de modos marcadamente ajenos a los estrategas corporativos y a los políticos neoliberales.

Como lo describe Ricardo Carrere, coordinador del Movimiento mundial por los bosques tropicales (WRM): “si se quiere hacer algo respecto al cambio climático, hay que detener la extracción de petróleo y la realidad muestra que la única gente del mundo que hacer realmente algo por proteger al mundo contra el cambio climático son los pueblos indígenas que dicen “no más petróleo.”

Según Carrere, los pueblos indígenas se levantan contra fuerzas que son incompatibles con la sostenibilidad medioambiental y la justicia social. Se oponen a una “lógica económica que significa que tenemos que destruir” y ofrecer un modelo diferente de desarrollo, que “tiene que ser descentralizado, que haga volver a la tierra a la gente de las ciudades, donde puede tener un mejor modo de vida,” y exige que “se necesita un cambio muy profundo en todos los países.”

Si, como señala Carrere, “nos empobrecemos con cada barril de petróleo que exportamos,” nos estamos enriqueciendo con cada persona indígena que se alza por sus tierras y sus derechos contra firmas energéticas. No son sólo ejemplos locales de resistencia, sino acciones de importancia global.

También representan la continuación de siglos de resistencia anticolonial. Como dice Stephen Corry de Survival, “las protestas muestran que la era colonial ha terminado por llegar a su fin. Los indígenas del Amazonas ya no están dispuestos a tolerar el tratamiento ilegal y brutal que se ha hecho rutinario. Eso se acabó.”

Por ello las protestas en Perú tienen una importancia global – tanto en términos de la resistencia contra leyes de inversión neocoloniales y en términos de sostenibilidad ecológica. La matanza de Bagua se dirige a todos nosotros. Como lo expresa elocuentemente el portavoz de los indios yanomani, Davi Kopenawa Yanomami:

“Debemos escuchar el grito de la tierra que pide ayuda. La tierra no tiene precio. No puede ser comprada, o vendida o cambiada. Es muy importante que los pueblos blanco, negro e indígena luchen juntos por salvar la vida de la selva y de la tierra. Si no luchamos juntos ¿cuál será nuestro futuro? Nuestros hijos necesitan la tierra y la naturaleza viva y erguida. Nosotros, indígenas, queremos respeto para nuestros derechos. Podéis aprender con nosotros y nuestros chamanes. Es importante no sólo para los yanomami sino para el futuro de todo el mundo.”

Y ponerse de pie es el único remedio efectivo. En medio del derramamiento de sangre en Bagua, el Congreso de Perú actuó esta semana para suspender dos de los decretos de García – los que tienden a abrir la región de la Amazonía peruana a las firmas de la energía y de la minería. La suspensión es temporal (García tiene quince días para firmarlos antes de que sean enviados de vuelta al Congreso, que puede o no enfrentarlo) pero la resistencia crece.

Hoy, 20.000 o más estudiantes, sindicalistas y defensores de los derechos humanos se unieron a los manifestantes indígenas en Lima gritando “la selva no está en venta” y exigiendo una investigación de los acontecimientos en Bagua. Un movimiento sin precedentes está vinculando a los pueblos de la selva peruana con las selvas de sus ciudades, pero queda por ver si Alan García se retractará.

http://www.zmag.org/znet/viewArticle/21681

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