Retos de la Justicia en el Tercer Milenio

Recogemos otro extracto del VII Congreso de Pastoral Penitenciaria que nos ayuda a reflexionar sobre las prisiones y el Código Penal. En este caso recogemos parte de la intervención de Arturo Beltrán Núñez, que es Magistrado-Presidente de la sección V de la Audiencia Provincial de Madrid.
En el ártículo hace una revisión crítica de los riesgos y retos del Código Penal.(…)

El {{Derecho Penal}} es, digamos, {{barato y políticamente rentable}}. Por ello se explica, lo que podemos llamar la {{paradoja del progresista}}. Cualquier progresista que se precie encuentra en su alma dos tendencias, de las cuales siempre predomina en el fondo la segunda.

Conforme a una primera tendencia es {{contrario a la intervención máxima del Derecho Penal}}, partidario de un Derecho Penal fraccionario de intervención mínima. Está en contra de la pena como castigo y muy en particular de la pena de prisión, pero simultáneamente lleva en su mochila un {{proyecto de incriminación de aquellas conductas que considera deben de ser objeto de reproche penal}}. El Derecho Penal comienza así a intervenir directamente a favor de igualdades genéricas, raciales, sexuales etc., que podrían y deberían protegerse por normas civiles y políticas; de bienes difusos como los derechos del consumidor, susceptibles de protección por normas mercantiles o administrativas. El menosprecio de la eficacia de la sanción administrativa en materia como los daños al medioambiente o a la circulación rodada, el paso a la penalización de conductas permite desplazar la responsabilidad del fracaso a un poder judicial fraccionado, débil, sin excesivos recursos ni ilusiones, educado, por lo común, en un ambiente burgués ajeno a grandes capas de la realidad social.

En este contexto, los riesgos principales, entre otros, que pueden presentarse en el horizonte serían: en primer lugar, el {{Derecho Penal como instrumento exclusivo de poder}}, la significación del Derecho Penal como un derecho de clase. El Derecho que se aplica a los pobres y casi exclusivamente a los pobres puede cobrar nuevos tintes en una sociedad tecnológica. El Derecho Penal seguiría siendo un instrumento de dominación, que podría extenderse a una parte de los gobernados, a las minorías raciales, a los inmigrantes etc. El Derecho Penal corre el riesgo de convertirse en un sistema alternativo a la guerra.

Estaríamos en presencia de lo que empieza a llamarse el {{Derecho Penal del enemigo}}. Podemos basar los derechos del ser humano en su dignidad personal, en su condición de criatura divina, en reglas morales inviolables, pero también podemos basarnos exclusivamente en teorías convencionales, contractuales o de pacto. En este segundo caso, quien rompe el pacto es el enemigo y el enemigo no tiene derechos porque la fluían del pacto que rompió: puede ser juzgado sin garantías y condenado sin piedad, no ha de buscarse su reinserción sino su destrucción. Esta tentación no es de ahora: ya en la tragedia de Antígona, Creonte negaba todo derecho a Polinice por haber puesto sitio a su patria, Tebas, mientras Antígona apelaba para dar sepultura al cadáver de su hermano a las leyes no escritas e inmutables de los dioses, de esos dioses que en el drama de Edipo se resumen en uno solo, para quien el tiempo no pasa, (y hago este inciso porque quizá esto explique que la filosofía griega fue la que pudo dar un contenido actualizado a la doctrina cristiana, quizá a través de una suerte de revelación pagana, a la que ya se refería Papini). Pero volviendo al Derecho Penal del enemigo, si se prescinde de la dignidad del ser humano como fuente de derechos, ¿quién dirá en cada momento cuál es el enemigo? ¿los terroristas, los narcotraficantes, los homicidas, los violadores?, ¿por qué no todos los delincuentes ya que en mayor o menor grado han roto el pacto que sostenía sus derechos?, ¿por qué no la generalización absoluta del Derecho Penal del enemigo?.

Otro riesgo que nos rodea, es el {{colapso del Derecho Penal}}. Sacado de su hábitat natural, que sería el núcleo duro de los delitos clásicos; utilizado políticamente, porque reformar las leyes es popular y es barato, pero fracasado en las expectativas que ha podido despertar popularmente; incapaz de regirse por principios reales de igualdad; ineficaz frente los peligros auténticos; incoherente entre su dogmática y sus resultados, aplicado por un poder judicial incapaz de ejecutar razonablemente sus propias resoluciones; masificado en su enjuiciamiento y su ejecución, el Derecho Penal puede colapsar hasta el punto de convertirse en un instrumento tan inútil que permita el regreso o al menos la añoranza de la represalia o la venganza como forma de justicia eficaz. En este sentido, la inejecución de la sentencia puede ser un gravísimo problema y la retribución por objetivos de los jueces un gravísimo error. Pagar a los jueces conforme a un criterio de productividad e incrementar sus salarios según las resoluciones que dicten no hace más que contribuir al desprestigio del Derecho y muy en particular del Derecho Pena. Y se está haciendo.

Si pensamos en los riesgos, quizá los mayores retos del Derecho Penal sería intentar hacer frente a estos riesgos: en primer lugar, presentando al Derecho Penal como un {{elemento eficaz de concordia}}, como la forma de resolver los conflictos de modo pacífico y neutral al mínimo coste posible. Quizá esto en el futuro exigiera un esfuerzo que nos llevará no a la justificación general del Derecho Penal como una forma de solución de los conflictos, en la que se presume (porque eso no hay manera de medirlo) que la suma de males y dolores causados es inferior a la suma de males y dolores evitados o prevenidos. Quizá haya que hacer un esfuerzo para pensar que eso no basta como suma general, sino que hay que predicarlo de cada sumando concreto, que cada vez que se hace justicia en cada caso concreto al hombre o a la mujer que son irrepetibles, los daños que se causen no sean en ese caso, superiores a aquellos que se combaten o se previenen.

En segundo lugar, la {{reducción del Derecho Penal a sus justos límites}}, la eliminación, en lo posible, de los Códigos penales, de los delitos sin víctimas que pueden ser reducidos a infracciones administrativas o de otro orden.

Estoy hablando de delitos de peligro abstracto como muchos relativos a la circulación, al medio ambiente o a intereses difusos y quizá muy particularmente habrá que plantearse de un modo radical otra forma de enfrentarse al tráfico de drogas. Incluso apostando decididamente por alguna forma de legalización gradual de las mismas.

-* No tanto porque la droga cree (y es cierto que lo crea aunque probablemente menos de lo que se piensa) otro tipo de delincuencia, la delincuencia funcional que nace del influjo de la droga por su presencia o por su ausencia, por su carestía o por su influjo sobre el psiquismo.
-* También porque la droga se ha convertido en una coartada donde resulta muy cómodo explicar cualquier conducta humana sobre la base de la irresponsabilidad personal y la responsabilidad de la sustancia: “yo no he sido, ha sido la droga”, es una tentación latente en cualquier momento y que no hace excesivas cosas por la reinserción de quien así opina y así se justifica.
-* En tercer lugar, por razones pragmáticas porque es imposible vencer a la droga desde la perspectiva jurídico-penal. Pensemos que sólo en Madrid hay cerca de 100.000 consumidores habituales u ocasionales de las drogas más duras, pongamos anfetaminas o derivados anfetamínicos, cocaína, heroína, etc. Esto significa que poniendo un acto semanal de compra estaríamos ante 100.000 actos típicos a la semana. La Audiencia Provincial de Madrid, constituida en este momento en las Secciones penales por 13 Secciones puede juzgar, vamos a poner 90 delitos semanales, eso suponiendo que dejaramos de juzgar todo tipo de violaciones, homicidios, asesinatos, estafas etc…. Esto significa que la represión del tráfico de drogas es una lotería al revés, en la cual la conminación penal actúa con un nivel de eficacia absolutamente irrelevante.
– Por otra parte el dinero que produce la droga y que se calcula aproximadamente en los 500.000 millones de dólares al año, no puede ser combatido: si un gramo de cualquier sustancia tóxica de estas características vale en origen unos pocos céntimos y puede dar lugar a una pluralidad de juicios; porque con un gramo se pueden cometer diez o quince delitos, y cada uno de esos juicios conlleva una detención, una investigación, una instrucción, un enjuiciamiento, todo ello con intérpretes, peritos, testigos, jueces etc. y luego un coste económico con una pena mínima de tres años de prisión y cumplimiento, pongamos en el mejor de los casos de 2 años, con un coste por persona y año cercano a los 30.000 euros, pensar que por ese camino se puede luchar eficazmente contra un fenómeno globalizado y de esas características, es irrazonable.

El tercer reto es {{acoplar el Derecho Penal a una sociedad moderna}}, lo que significa en muchos casos pluricultural, plurirracial, plurilingüística, enfrentada al desafío de nuevas formas de delincuencia, en especial lo que podríamos llamar la delincuencia mundial. Es precisa la capacidad de reacción frente al crimen organizado y su distinción muy neta de la capacidad de reacción frente al delito individual de poblaciones propias o foráneas marginadas económica y culturalmente. Se trata, de un lado, de saber tratar desigualmente realidades desiguales; de otro, de comprender que una sociedad globalizada exige un Derecho Internacional Penal, hoy en día, a pesar de todo, embrionario. Quizás haya que aspirar a un Derecho Penal Mundial como única forma de poner fin a una globalización de aquellos que quebrantan las normas.

(…)

El avance puede ser portentoso en este terreno. Y para una sociedad en evolución acelerada, la importancia de mantener principios firmes en su núcleo y flexibles en su aplicación es decisiva. Estamos hablando de la Antropología subyacente al Derecho Penal y en unas jornadas de Pastoral Penitenciaria creo que hay que definirse claramente y decir que la antropología cristiana puede aceptarse o no, pero si se acepta tiene que resumirse al menos en el hombre como un ser moral capaz de decidir entre el bien y el mal y por lo tanto, apostar por la libertad; y el hombre como ser amoroso. Probablemente sólo nuestra vanidad nos ha hecho pensar que la imagen y semejanza de Dios significaba que éramos inteligentes: si nuestra inteligencia es la imagen de la divina…, ¡pobre Dios!. En cambio me parece mucho más interesante el juicio de algunos teólogos y filósofos que establecen que imagen y semejanza de Dios significa que, si el primer atributo de la divinidad es el amor, nosotros somos seres capaces de amar, y en eso sí que a veces nos aproximamos al infinito o por lo menos lo creemos.

Lo que significa que la máxima aproximación de personas es siempre amorosa antes que intelectual y que es imposible renegar de la capacidad de conversión en lo moral y de rehabilitación en lo jurídico, y de la dignidad y de la igualdad como patrimonio de los seres humanos. Dignidad, nacida de la sola condición de hombres, y, para los cristianos, además, de su común filiación divina, de la que nacen la imposibilidad de discriminación y la necesidad de que todo el Derecho Penal se rija por el principio de humanidad, no sólo en la carencia de penas inhumanas, sino en la ejecución humana de las penas. Alguna vez me he atrevido a decir en una resolución que toda pena que se ejecuta contra el ser humano, como si éste fuera un virus o un agente patógeno, o sin el ser humano, como si este fuera una cosa prescindible, es una pena ejecutada en clave de inhumanidad.

{{[Puedes descargarte la ponencia completa aquí->doc112]}}

The following two tabs change content below.

Dos Orillas

Latest posts by Dos Orillas (see all)

You may also like...

Deja un comentario