Salvemos de nuevo la hospitalidad

Madrid, 9 de julio de 2009

La Plataforma ciudadana “Salvemos la hospitalidad” surgió como respuesta a la precarización de valores como la hospitalidad, la solidaridad y los vínculos familiares amenazados por el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería. Han sido muchas las entidades sociales de todo signo que nos han hecho llegar su apoyo y han enriquecido nuestras reflexiones.

A finales de junio, el Gobierno aprobó la presentación al Parlamento del Proyecto de Ley (sin haber podido leer el Informe del Consejo de Estado que se emitió el día antes).

Reconocemos que el Gobierno ha rectificado en su redacción algunos incomprensibles errores de bulto que se contenían en el Anteproyecto.

Sin embargo, nos siguen preocupando hondamente varias cuestiones que van al núcleo duro de valores como los que defendemos, comunes a lo mejor de todas las culturas, y que han encontrado su más lograda expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Nos referimos a dos aspectos concretos que el Proyecto de Ley compromete seriamente en su patente obsesión por “agravar el régimen sancionador” de la norma que desdice el título con que se presenta.

1.- La redacción dada al apartado c) del artículo 53.2 es inquietante. El texto del Proyecto dice:

“c) Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes”.

En efecto, mantiene la política, reflejada en la Exposición de motivos, de perseguir “a quienes faciliten el acceso y la permanencia de la inmigración en España” pero sin las matizaciones necesarias que permitan no equiparar comportamientos ética y jurídicamente contrapuestos. Fruto de ello es que se convierte en “actuación fraudulenta”, merecedora de graves sanciones, la de invitar y acoger a un extranjero por el hecho de que éste unilateralmente decida prorrogar la estancia de modo irregular en España. La pretensión de asfixiar valores como la acogida y la solidaridad se solapan con el legítimo deseo de evitar el fraude de ley. Pero es tal la preocupación por “reforzar el régimen sancionador” que se acaba pervirtiendo la lógica del buen Derecho. Así, se invierte la carga de la prueba y se presume culpable al acogedor a partir de la conducta del acogido. Todo al revés. Lo lógico, según la pretensión de la ley, sería sancionar al que infringe la ley cuando traspasa el plazo de residencia legal y también, si se prueba, al que ha actuado de manera voluntaria cometiendo un fraude de ley. Pero presumir, por imperativo legal, que la prórroga de estancia del invitado implica una intención torticera en el acogedor es, además de un mal ejercicio de lógica jurídica, un atentado contra el sentido común que sólo se entiende desde la falta respeto al valor sagrado de la hospitalidad hacia el forastero. En efecto, es una auténtica aberración el desplazamiento de responsabilidad que se hace entre quien realiza el comportamiento ilícito (prorrogar voluntariamente la estancia fuera de la ley) y quien se limitó a invitar de buena fe a un pariente o amigo.
Poner en la tesitura al ciudadano, al amigo, o peor aún, al hermano, de tener que denunciar a alguien de su sangre, o echarle de casa o dejar de prestarle asistencia para no poder ser tachado de “invitador fraudulento” es bastante más que un despropósito. Ni siquiera la legislación criminal impone el deber de declarar o testificar contra un familiar por más grave que sea su delito.

Un ejemplo permitirá que esto sea fácilmente entendido: un residente legal en España invita de buena fe a un hermano suyo a pasar los tres meses de verano en su casa; transcurre dicho periodo y el hermano visitante, por las razones que fueren, decide no volverse. Esto provoca varias consecuencias crueles e injustas: a) Automáticamente se presume, por imperativo de la ley de extranjería, que la carta de invitación que le hizo ¡es fraudulenta! Sin más prueba. Porque sí. Y ello a pesar de que “en ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los demás requisitos exigidos para la entrada”1. b) Por consiguiente, el invitante se convierte en autor de una infracción “grave” sancionable con hasta 10.000 euros.La coletilla final del precepto da fe de la mala conciencia que anida en el redactor.
No, no es esta, no, la forma de salvar la hospitalidad que esperábamos del Gobierno de España.

2.- El Proyecto modifica el sentido y pervierte la naturaleza jurídica del Padrón el cual contiene datos de carácter personal sometidos a la tutela de la Administración Local y todo ello sin tocar la Ley de Bases del Régimen Local.

En ese sentido, constituye un flagrante ataque al valor ético de la hospitalidad el art. 53, 2 d) que sanciona el “consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal, por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero”. El legislador está pensando en el empadronamiento a título gratuito, pues el que se realiza con ánimo de lucro aparece sancionado como muy grave en el art. 54 1 e). Estamos hablando, por tanto, de comportamientos solidarios.

El Proyecto olvida que el Padrón es un registro que sólo tiene eficacia censal, da fe de quienes viven, pero no prueba la residencia legal. Mutar el sentido del padrón es pervertir su naturaleza y darle una orientación represiva político-social de la que siempre ha carecido. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el padrón (Ley 4/96, art.15). Se trata de un acto ejercicio de ciudadanía y no la ley puede aplicarse en retorsión de la misma. En efecto, el Padrón municipal es una herramienta democrática con dos funciones: a) Servir de soporte para asegurar el derecho al voto de los ciudadanos censados; b) Posibilitar planificar las políticas de bienestar para los ciudadanos contando con datos estadísticos

Por si queda alguna duda respeto a la funcionalidad del censo padronal, la Resolución de 4 de julio 1997 INE y Cooperación Territorial: nº4 (BOE 25.07.97) señala literalmente: “Las infraviviendas deben figurar como domicilios válidos en el padrón… Se debe aceptar como domicilio cualquier dirección… puede y debe recurrirse a una “dirección ficticia” en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes… pudiendo ser la de los propios Servicios, la del albergue municipal, la del punto geográfico concreto donde ese vecino suele pernoctar, etc. La circunstancia de que una persona carezca de techo no debe privarle de su derecho al sufragio, para lo cual es requisito imprescindible que esté inscrita en el Padrón…..”. Ello justifica que con frecuencia sean los propios servicios sociales municipales los que se dirigen a Cáritas o a las ONG para pedirles empadronar a personas en situación de vulnerabilidad pues en otro caso no se pueden tramitar las ayudas sociales.

Por consiguiente, la inscripción padronal no es un acto administrativo idóneo para que de él se extraigan consecuencias jurídicas ajenas a su función…Y los gestores del Padrón no necesitan realizar ninguna actuación especial en relación con las inscripciones padronales correspondientes a extranjeros, menos sin estar recogidas en la ley que les propia de general aplicación a españoles y a extranjeros.
Si se mantiene esta regulación, lejos de evitar lo que parece que se quiere evitar (los pisos patera) se puede llegar a provocar una situación de grave riesgo e indefensión para muchos y de peligro para la salud pública: el no empadronado no tiene tarjeta sanitaria, no va al médico, acaba no vacunando a sus hijos y se convierte en un factor patógeno. ¡Los virus no entienden de leyes de extranjería!

3.- Por todo ello, solicitamos la supresión de los preceptos cuestionados. No aportan demasiado a los fines que el Gobierno pretende y sus contraindicaciones son muy severas y peligrosas para la democracia y los derechos humanos.

POR LA PLATAFORMA SALVEMOS LA HOSPITALIDAD,

José Luis Segovia Bernabé. Profesor de universidad. Salamanca

María Dolores Rodríguez Peláez. Ciudadana.

Julián Carlos Ríos Martín. Profesor de universidad. Madrid

Miguel Santiago. Profesor de Instituto. Córdoba

Ramón Sáez Valcárcel. Magistrado. Madrid

Daniel Izuzquiza. Sacerdote jesuita. Madrid

Pilar Sánchez Álvarez. Abogada. Madrid

Enrique Romá Romero. Veterinario. Alicante

Javier Baeza Atienza. Sacerdote. Madrid

Guillermo Toledo. Actor

Félix Pantoja García. Fiscal

Luis Guitarra. Cantautor. Madrid

Siro López. Artista. Madrid

Rafael Pascual Díez. Abogado. Madrid

Manuel Gallego Díaz. Profesor de Universidad. Madrid

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Dos Orillas

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1 Response

  1. dani1959@yahoo.es' yordanka dice:

    Soy extranjera y me parese muy bien pensar de nosotros,tengo 10 años en España y veo tantas cosas buenas y malas por la ley.Malas son que todas las empresas se aprovechan de extranjero,trabaja como esclavo y lo hace gente que no tiene donde ir en su pais de orijen.Y bueno para algunos,estan cobrando de España,paro.ayuda y baja medica,y vive en su pais de orijen,viene firma y se va o no viene deja sus papeles a halgun amigi y el firma a la maquinita que no se nesesita D.N.I.y otro cobra vive en cu pais y trabaja algunos tienen seguridad social en el mizmo tiempo que aqui cobra ayuda.Si soy extranjera y no me gusta lo que pasa,porque un dia cuando tengo que jubilar me si DIOS quiere,no tendra dinero para jubilacion.No se cuantas cartas escribi que poedo ayudar para parar este dineroa gente que no lo apetese,no tiene que cobrar,soy contra pago a gente que vive en otro pais,que cobra paro y ayuda y baja medica.Le pido por favor,que me poeden yyamar y les garantiso que por 3 meses bajara pago de ayuda,baja medica,y por 5 o 6 meses bajara y paro si sacan un ley que si la persona que vive en otro pais no le coresponde pago de paro,y por 6 meses le garantizo que va aurar España bastante dinero.tel.movil.-607931402.GRACIAS.

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