Ahora que, tras la muerte de Orlando Zapata se nos llena la boca de “libertad de expresión”, es bueno mirar nuestra democracia y la manera con la que se impide el derecho a mostrar la disidencia sobre lo políticamente correcto. Nadie es encarcelado por sus ideas, pero una opinión fuera del sistema puede condenarte al ostracismo o al desprestigio público. Basta con mirar nuestra pequeña realidad. Aquí en Huelva una organización ciudadana ha sido acusada de querer destruir la industria de Huelva por pedir el cese de los vertidos de fosfoyesos, un dirigente político ha sido acusado de ser antionubense por denunciar el daño que otros vertidos hacen a la salud de la población de Huelva; una vecina es acusada de filoetarra por alojar en su casa a familiares de presos... Y así podíamos continuar... El sistema democrático también castiga al disidente, pero de una forma más sutil y encubierta.