La práctica confirma que la tendencia a la corrupción no tiene que ver con las siglas de un partido o el tamaño de un ayuntamiento, pero está relacionada con la transparencia: cuanto más informados están los ciudadanos, más capacidad de control tienen y mejor pueden exigir que los ediles cumplan sus obligaciones. Que el consistorio onubense no llegue al aprobado en este asunto, según recoge un informe externo al parecer escrupuloso, no es cuestión irrelevante. Tampoco lo es la diferencia en las distintas áreas: un notable alto en obras y urbanismo –aquí la publicidad sí interesa- frente al cero patatero en materia de economía o las malas puntuaciones en contratación de servicios. Así que conocemos bien lo que hace el ayuntamiento, pero no cómo lo hace, ni cómo reparte los dineros. Y no es que haya que parecer, antes que ser, honestos, es que la transparencia es un derecho de la ciudadanía.